LUNES 21 de junio (HealthDayNews/HispaniCare) -- La Corte Suprema de los Estados Unidos le otorgó una victoria a las aseguradoras el lunes al dictaminar que los pacientes no pueden demandarlas en un tribunal estatal por daños causados por negligencia o conducta incorrecta.
Los magistrados, en una decisión unánime tanto sobre el cuidado de la salud como sobre el federalismo, consideraron que una ley estadounidense aprobada hace treinta años mejora varias leyes estatales que gobiernan los derechos de los pacientes para demandar a sus proveedores de planes de salud.
Aunque los partidarios sostienen que limitar las demandas al final es mejor para todos, los detractores ven esta decisión como un duro golpe contra los derechos de los pacientes.
"Millones de familias... que reciben seguros sanitarios de empleadores privados ahora se encuentran a la muy limitada merced de las organizaciones para el mantenimiento de la salud", sostuvo en una declaración George Parker Young, abogado que representa a los dos demandantes.
Las aseguradoras y los empleadores, por otro lado, aplauden la decisión.
"Conservará los beneficios ofrecidos por los empleadores", afirmó Kate Sullivan Hare, directora ejecutiva de políticas de salud de la Cámara del Congreso estadounidense de Washington, D. C. "Los empleadores no se van a arriesgar a ser demandados por algo que ofrecen voluntariamente. Esto ayudará a mantener la cobertura en un ambiente cada vez más lleno de litigios y ayudará a mantener los precios asequibles. Si se agregan más demandas a cualquier práctica de negocios, los costos aumentarán".
Susan Pisano, vocera del grupo industrial Health Insurance Plans de los Estados Unidos, agregó que: "lo hemos considerado una victoria tanto para los consumidores de servicios de atención de la salud como para los empleadores. Estimular innecesariamente más demandas arriesga la cobertura de muchos trabajadores. Consideramos que esta decisión realmente frena los esfuerzos de los abogados litigantes para convertir cualquier cuestión relacionada con la cobertura en una cuestión de demandas costosas".
Por su parte, Linda DeBenedictis, presidenta y fundadora del Grupo para los Derechos de los Pacientes de Nueva Inglaterra de Norwood, Massachussets, afirmó que "es un atentado contra los derechos de los consumidores. De hecho, los consumidores ya tienen limitados sus derechos y todos los días están perdiendo beneficios. Sin la posibilidad de controlar a las organizaciones para el mantenimiento de la salud habrá muchos más abusos".
El asunto se reduce esencialmente a si esos casos atañen a la ley federal, donde los daños pueden ser limitados, o a la ley estatal, en la que es más posible que los jurados otorguen compensaciones considerables por daños y perjuicios.
Aunque la legislación nacional sobre los derechos de los pacientes no ha logrado pasar en el Congreso, varios estados han promulgado sus propias leyes de protección para pacientes.
Juan Dávila y Ruby Calad fueron los dos demandantes iniciales que demandaron bajo una ley como esa, la Texas Health Care Liability Act (THCLA o Ley de Responsabilidad en el Cuidado de la Salud de Texas). Dávila estaba afiliado a Aetna Health Inc. y Calad a Cigna Healthcare of Texas.
El médico de Dávila había recetado Vioxx para aliviar el dolor de la artritis. Según los términos de la demanda, debido a que Aetna se rehusó a cubrir el costo, Dávila tomó Naprosyn y supuestamente sufrió una reacción severa que requirió hospitalización.
Calad se había sometido a una histerectomía y fue dada de alta antes de la recomendación de su médico porque Cigna no cubriría los costos de hospitalización. Poco después de haber salido del hospital, sufrió complicaciones que la llevaron a la sala de emergencias, según los términos de la demanda.
"El médico también estaba muy molesto porque ellos [Cigna] no hicieron caso de su decisión", relató Calad a HealthDay luego de enterarse de la decisión de la Corte Suprema.
Dávila y Calad presentaron demandas separadas a un tribunal del estado de Texas argumentando que las aseguradoras, por negarse a cubrir los servicios, violaron su "deber de tener el cuidado habitual necesario para tomar decisiones sobre tratamientos de cuidado de la salud" y que estas negativas "causaron por aproximación" sus lesiones.
Las aseguradoras, sin embargo, procedieron a hacer que sus casos fueran escuchados en un tribunal federal con el argumento de que caían dentro de la Employee Retirement Income Security Act (ERISA o Ley de Seguridad de Ingresos para la Jubilación), aprobada en 1974. Las aseguradoras ganaron el caso en primera instancia, pero Calad y Dávila interpusieron un recurso de apelación.
"De hecho, la ERISA tiene absoluta preferencia sobre las leyes de responsabilidad estatales en estos casos, cuando se trata de beneficios de cobertura", aseguró Sullivan Hare de la Cámara del Congreso.
Los demandantes ven las cosas de otra manera.
"Al rechazar esta ley de Texas de 1997 que fue aprobada con el apoyo contundente de los dos partidos, el tribunal le brinda a las organizaciones para el mantenimiento de la salud otra herramienta contra los millones de trabajadores cubiertos por la ERISA y sus familias", decía la declaración de Young. "La decisión del tribunal invierte el sentido del progreso obtenido por los 11 estados que, desde 1997, han promulgado leyes con la intención de responsabilizar a las organizaciones para el mantenimiento de la salud por decisiones médicas deficientes".
Calad, Dávila y Young esperan que la decisión restablezca un movimiento en el Congreso para aprobar la legislación de derechos de los pacientes, que tiene importantes defensores entre los senadores. Edward Kennedy (D-Mass.) y John Edwards (D-N.C.).
"Tienen puestas todas sus esperanzas en que esto reavive las cosas", afirmó Erin Powers, vocera de los demandantes. "Están exhortando al Congreso a reabrir este asunto porque hay un vacío en la regulación".
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